Un millar de hectáreas de superficie agraria mayoritariamente cultivadas compiten con las placas solares a través de numerosos proyectos que están sobre la mesa en distintos momentos de tramitación. Solo contando fincas de regadío amenazadas por las plantas solares fotovoltaicas, las cifras aportadas por varias comunidades de regantes suman este millar de hectáreas, a las que deben añadirse las cerca de 600 que hace unos meses ya están en obras en Alcarràs, a través de ocho proyectos de Solaria e Ignis, y que afectan en parte a zona regable del Canal de Aragón y Catalunya.
En el perímetro del canal Segarra-Garrigues, fuentes de la empresa adjudicataria del regadío calculan que unas 720 hectáreas de cultivos están afectadas por proyectos de plantas solares. En la zona de influencia del Segrià Sud, “se están arrancando árboles para instalar unas 55 hectáreas de placas solares” que serían área de ampliación del regadío, señala Joan Sabaté, presidente de los regantes. Se trata del proyecto de planta solar fotovoltaica Aulivier, a caballo entre los municipios de Llardecans y La Granadella, impulsado hace años y que los regantes ven como una amenaza: “Es un problema para la incorporación de los jóvenes al campo. Muchos agricultores están firmando conforme están interesados en instalar placas en sus fincas” y eso no deja espacio al relevo, afirma Sabaté.
Al proyecto de Aulivier hay que añadir uno más de Solaria en la Portella, en zona del canal de Pinyana, de unas 100 hectáreas de superficie. En el Aragón y Catalunya, el presidente, José Luis Pérez, afirma que carecen de información sobre la superficie afectada, pero “tenemos 105.000 hectáreas regables y el impacto de 1.000 o 2.000 sería mínimo”. Más allá del debate sobre la competencia, la presión de los proyectos de renovables plantea otra cuestión en el caso de las fincas regables: la administración, tanto estatal como autonómica, ha invertido millones de euros en cada uno de los proyectos de regadío y algunos expertos ponen en duda que sea lícito que parte de esta superficie se sitúe el margen del objetivo agrario.
Los regantes vetan las bajas de las renovables como usuarias
Las comunidades de regantes se inclinan por rechazar las peticiones de baja de empresas de energías renovables del regadío. La mayoría de usuarios pagan una cuota fija a la comunidad y otra variable según el consumo de agua. Las renovables que asumen la superficie antes dedicada a los cultivos dejan de consumir agua para riego pero en la mayoría de los casos deben seguir como partícipes de la comunidad de regantes.
Así lo avala además el Tribunal Supremo. En una sentencia dictada hace 25 años, el Alt Tribunal establece que para que un usuario se dé de baja es “indispensable que acredite que no puede regar sus parcelas o restaurar el riego le exige inversiones y gastos extraordinarios que hagan la explotación antieconómica”.
La idoneidad de las fincas para la implantación de renovables en suelo rústico con la mínima afectación al campo será una de las cuestiones que deberá abordar el Plan Territorial de Energías Renovables (Plater), que ultima la Generalitat.
Mientras, la asociación de comunidades de regantes de Catalunya, Acatcor, se sumó a un manifiesto en contra del decreto ley 12/2025 de la Generalitat, que establece medidas para desencallar el despliegue de las instalaciones renovables. Esta nueva ley elimina algunos requisitos ambientales para impulsar la economía verde y, según los regantes, “pone en riesgo el suelo agrario y el modelo alimentario del país”.
Según detos de la Generalitat, en las comarcas del llano de Lleida se ha puesto en servicio desde el año 2019 energía fotovoltaica equivalente a 28 megavatios (MW) de potencia y están en trámite 397 MW más, mientras que otros 980 MW están autorizados. En el año 2024, las energías renovables cubrieron el 21,6% de la demanda eléctrica de Catalunya. (SoloRiego)
