Se trata de una herramienta destinada principalmente a pequeños sistemas de riego y grupos reducidos de productores que comparten una misma toma de agua, canal o infraestructura.
Hasta ahora, la organización más habitual para la administración de los sistemas de riego era la de los consorcios, una estructura pensada para redes de mayor escala y con una cantidad significativa de usuarios.
La nueva reglamentación incorpora una alternativa para situaciones de menor dimensión en las que no resulta necesario conformar una organización con las mismas características que un consorcio tradicional.
El intendente general de Riego del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Gastón Guzzardi, explicó en que la figura estaba prevista en la normativa, pero que durante años no había tenido un marco operativo.
Guzzardi explicó que la figura comenzó a ser retomada a partir de la aparición de pequeñas tomas y sistemas de productores que requerían una forma de organización diferente a la de los grandes consorcios. “La figura más conocida es la de los consorcios de riego, pero existía una figura de comunidades de usuarios que no se había reglamentado, que no tenía un marco operativo hasta hace unos días que se reglamentó por decreto”, indicó.
La diferencia principal está dada por la escala y por la estructura necesaria para su conformación. Mientras los consorcios reúnen a numerosos productores y administran sistemas de mayor extensión, las comunidades de usuarios están pensadas para grupos reducidos. Pueden ser utilizadas, por ejemplo, por productores que cuentan con una toma directa del río autorizada por el DPA y comparten la infraestructura necesaria para llevar el agua hasta sus establecimientos.
El funcionario destacó además que la organización será más sencilla que la de un consorcio tradicional.
La comunidad podrá contar con un presidente que funcione como interlocutor ante el DPA, mientras que los propios usuarios tendrán a su cargo la administración y los costos de operación y mantenimiento del sistema.
La nueva figura también apunta a resolver situaciones concretas de pequeños grupos de productores. El superintendente ejemplificó que puede tratarse de “un pequeño grupo de productores que tienen una toma directa sobre el río autorizada por el DPA, donde comparten un mismo campo, tres o cuatro productores”.
En esos casos, la comunidad permitirá organizar la administración de la toma o del canal y distribuir entre los usuarios los gastos necesarios para su funcionamiento. La normativa no establece un canon fijo para estas comunidades, sino que los costos se determinan de acuerdo con las características de cada sistema.
La supervisión continuará en manos del DPA, que tendrá a su cargo el seguimiento del funcionamiento de estas organizaciones y del cumplimiento de las condiciones establecidas para el uso del agua. En ese sentido, Guzzardi explicó que el presidente de cada comunidad será el interlocutor con el organismo provincial, mientras que el DPA mantendrá el control correspondiente.
La reglamentación llega además en un contexto de expansión de los proyectos de riego en Río Negro y de nuevas iniciativas productivas que demandarán infraestructura y mecanismos de administración acordes a diferentes escalas. Para el DPA, la posibilidad de constituir comunidades de usuarios permitirá atender también aquellos proyectos que involucren a un número reducido de productores y que no requieran la estructura de un consorcio.
La figura también recupera una modalidad de organización que existió históricamente entre productores de distintas zonas de la provincia. Antes de la conformación de los actuales consorcios de riego, grupos de productores se organizaban alrededor de una misma toma, distribuían el agua y se ocupaban de manera conjunta de la operación y el mantenimiento de pequeñas obras. (MasRiego)
