El Departamento General de Irrigación aprobó la Resolución Nº 397, mediante la cual reguló el procedimiento para otorgar permisos precarios de uso de pozos de agua en la estratégica zona vitivinícola de Agrelo. Esta disposición administrativa surge en respuesta y sintonía con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, tribunal que en marzo resolvió un histórico conflicto judicial de más de una década respecto a las perforaciones en la margen derecha del Río Mendoza.
Si bien la Justicia ordenó en su momento el cegado de los pozos cuestionados, la sentencia ofreció como alternativa la concesión de permisos temporales para las firmas comerciales que ya se encuentran radicadas e invirtiendo en el lugar. En este contexto, el organismo conducido por Sergio Marinelli formalizó las pautas técnicas y económicas indispensables que deberán cumplir las compañías privadas interesadas para continuar con la extracción del recurso hídrico.
Las autorizaciones tendrán un carácter estrictamente condicional y precario por un plazo inicial de 10 años, prorrogable a su vencimiento mediante un acto fundado. La normativa especifica que Irrigación conservará la facultad de restringir o limitar los caudales autorizados en cualquier momento por razones de disponibilidad hídrica, sin que dicha medida otorgue derecho a reclamos de indemnización a los permisionarios.
Dentro de los requisitos económicos obligatorios, las empresas deberán abonar el denominado "valor llave", cuyo monto podrá prorratearse en un esquema de hasta 10 años, y que serán destinados de manera exclusiva a financiar obras de infraestructura hidráulica y estudios de recarga del acuífero en la cuenca del Río Mendoza, garantizando la sustentabilidad técnica de la zona productiva.
Exigencias técnicas y régimen sancionatorio
En el aspecto operativo, los permisionarios estarán obligados a instalar sistemas de medición de caudales con tecnología de telemetría y deberán demostrar niveles óptimos de eficiencia global en la conducción, distribución y aplicación parcelaria del agua.
Asimismo, las firmas tendrán que permitir el acceso irrestricto del personal de Irrigación a las propiedades para auditar y controlar las lecturas de los contadores.
Cualquier extracción que supere el volumen concedido o el incumplimiento de las normativas vigentes será penalizado severamente con multas en agua. Las detracciones impuestas por el organismo regulador serán descontadas de las asignaciones correspondientes a los ciclos agrícolas subsiguientes, asignando a los productores el riesgo del tipo de cultivo desarrollado bajo un marco normativo provisional.
Registración jurídica e impacto en las empresas
Las condiciones del otorgamiento de los permisos deberán figurar detalladamente en las escrituras públicas y en los planos de mensura que tramiten ante el Departamento General de Irrigación. Esta medida busca asegurar la adecuada registración marginal en el Registro de Perforaciones y en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, garantizando la debida publicidad legal y su oponibilidad frente a terceros.
La normativa posee un carácter transitorio y alcanza a firmas como Santa María de los Andes, Vitivinícola Bulnes, Golf Club Alto Agrelo, Inmobiliaria Reconquista, Viñas de Vertex, Fideicomiso Aymuray, Vignes Des Andes, Cerezas Argentinas y Santa Croce, entre otras que interpusieron recursos de amparo.
En tanto, la Superintendencia proyectará las obras hídricas necesarias para recargar los mantos subterráneos, deslindando al organismo de cualquier responsabilidad ante eventuales disminuciones de caudal. (MasRiego)
