Esta vez el foco se posicionó sobre el Fondo Hídrico de Infraestructura. Este fondo nació el 29 de noviembre de 2006, con la Ley Nacional 26.181 y apunta principalmente al financiamiento del desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica para la recuperación de tierras productivas, el control y mitigación de inundaciones y la protección de infraestructura vial y ferroviaria.
Gustavo Villegas, consejero del río Atuel en el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación y vicepresidente del Cohife, argumentó al respecto: "En este caso, la provincia de Mendoza fue un actor esencial en el reclamo por contar con recursos presupuestarios genuinos y a la vez optimizar los instrumentos financieros que los expanden. Lo que se pidió es la pronta ejecución de este fondo al Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y sino coparticiparlo como se coparticipan otro tipo de fondos para las provincias. Necesitamos la pronta ejecución de este fondo para robustecer el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de las poblaciones".
Este reclamo se desarrolló de manera posterior al cónclave de Cohife, en una reunión con el Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Bartolomé Heredia, para enfatizar la necesidad de inmediatez de implementar el financiamiento de modo efectivo.
Por otra parte, entre los factores que se ponderaron en la reunión se previó la amenaza de la variabilidad climática y las brechas en el acceso al agua y saneamiento, tanto rural como urbana; entre otros, lo que exige fortalecer las estrategias de prevención, mitigación y adaptación para reducir la vulnerabilidad de las jurisdicciones ante estos fenómenos. Los representantes jurisdiccionales destacaron, también, la importancia de la gobernanza hídrica como camino para mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos. Al mismo tiempo, se decidió fortalecer la articulación de acciones a nivel federal y nacional que propicien el conocimiento de los recursos hídricos con la cuenca como unidad de planificación y gestión, para formular proyectos y ejecutar infraestructura hídrica resiliente para el desarrollo de las cuencas en forma sostenible.
Finalmente, los participantes concluyeron que resulta esencial fortalecer este financiamiento con la idea de contar con los aportes suficientes para la implementación de medidas no-estructurales tales como el monitoreo sistemático, normas de ordenamiento territorial, zonificación de riesgos, mecanismos de organización y participación institucional de los actores involucrados y otras formas adicionales para garantizar la gestión de las obras y la permanencia en el tiempo de su función. (SoloRiego)
