Menos nieve, más negocios: la megasequía y la hipocresía del poder

El reciente informe del Departamento General de Irrigación confirma un 30% menos de nieve en la cordillera mendocina. No debería sorprender a nadie. La megasequía en la región cuyana lleva más de una década de advertencias científicas, pronósticos alarmantes y llamados a la acción. Lo que debería sorprender –e indignar– es la pasividad, o peor, la complicidad política con un modelo que elige administrar la escasez a favor del extractivismo y no de la ciudadanía.

La falta de nieve no es solo un fenómeno climático: es una sentencia sobre nuestro porvenir si no tomamos decisiones estructurales. Mendoza atraviesa un escenario de estrés hídrico severo y, sin embargo, no hay un solo plan serio de eficiencia en el uso del agua.

Las grandes inversiones siguen direccionadas a obras viales y extractivas: rutas nacionales, perforaciones mineras, y ¿la impermeabilización de los canales de riego? ¿Y el recambio de cañerías de AySAM que pierden más del 50% del agua potable? 
 
Agua que no has de beber, entrégala a la minería
La política hídrica de Mendoza está colonizada por una lógica extractivista. Se multiplican permisos de perforación en acuíferos frágiles y se otorgan derechos de uso para emprendimientos mineros de alto consumo hídrico como el Proyecto San Jorge, en Uspallata (Las Heras), que pretende extraer cobre con grandes volúmenes de agua subterránea en una zona de recarga estratégica, y los 34 proyectos mineros autorizados en Malargüe, que conforman el llamado Distrito Minero Occidental, con epicentro en la cuenca del Atuel–Diamante, sin verdaderos estudios hídricos actuales.

A estos privilegios se suma un caso reciente que desnuda la lógica del modelo: Irrigación autorizó la perforación de cinco pozos a la empresa Cresud S.A.C.I.F. y A., del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, en la margen derecha de la subcuenca El Carrizal, una zona oficialmente declarada críticamente restringida por sobreexplotación del acuífero. Mientras se le niega agua a pequeños productores o a desarrollos agroecológicos, se otorgan volúmenes a medida de los grandes grupos concentrados, con argumentos técnicos forzados y sin consulta pública.
 
Estas decisiones –ilegítimas, aunque disfrazadas de administrativas– no solo concentran el acceso al agua en manos de empresas que especulan con la tierra, sino que erosionan la credibilidad del sistema público de gestión hídrica. Mientras el ciudadano común riega con balde y recibe multas por exceso de consumo, los megaemprendimientos reciben agua, subsidios y silencio.

Cornejo y el desvío de fondos del agua a las rutas con peaje
Lo que resulta ya escandaloso es que el gobernador Alfredo Cornejo, en vez de priorizar la infraestructura hídrica frente a una crisis sin precedentes, decidió desviar los fondos de Portezuelo del Viento –originalmente destinados a una obra hidroenergética estratégica– para hacer obras viales. Pero no cualquier obra: se trata del mantenimiento de rutas nacionales que deberían ser responsabilidad de la Nación, a cambio de lo cual Mendoza instalará nuevos peajes que pagarán los propios mendocinos.

Esto significa que los ciudadanos terminan financiando tres veces el mismo asfalto: primero con sus impuestos nacionales, segundo con los fondos que debían destinarse al desarrollo hídrico de la provincia, y tercero con el pago del peaje cada vez que circulen. Un triple castigo fiscal a cambio de cero eficiencia hídrica.

Ya lo hemos denunciado públicamente: desviar el fondo de Portezuelo o de reparación histórica al asfaltado de rutas nacionales, sin resolver la emergencia hídrica, es un acto de irresponsabilidad estructural. Y además, una oportunidad perdida para aplicar el plan que el propio Gobierno mandó a redactar.

Una matriz hídrica sin modernización
En lugar de modernizar el uso del agua, Mendoza mantiene sistemas obsoletos: canales con 3.560% de pérdidas por filtración, según el DGI, y cañerías de AySAM que se llevan por delante casi la mitad del agua potable. Y mientras, se siguen subsidiando pozos para grandes bodegas y se financian licencias para minería en zonas críticas.

Mekorot: ni las multinacionales del agua salvan la gestión
Para colmo de contradicciones, el propio Gobierno encargó un informe a la empresa estatal israelí Mekorot, conocida mundialmente no por su enfoque de acceso justo al agua, sino por su modelo de mercantilización del recurso hídrico, donde el agua se paga al precio que marca el mercado y se prioriza su uso para quienes pueden costearla, no para quienes la necesitan.

A pesar de su matriz privatizadora, Mekorot fue clara: la disponibilidad de agua en Mendoza caerá un 5% en 2030, 10% en 2040 y 17% en 2050, mientras la demanda seguirá en aumento. Es decir, hasta los que conciben el agua como un negocio ven con alarma lo que pasa en nuestra provincia.

La paradoja es que ni siquiera las recomendaciones tecnocráticas del informe Mekorot fueron aplicadas: impermeabilizar canales terciarios, avanzar con riego presurizado, controlar extracciones, renovar redes de conducción. Todo eso quedó archivado. El gobierno de Alfredo Cornejo ni siquiera copia bien a sus socios internacionales: ni eficiencia, ni planificación, ni equidad.

Por eso advertimos que el problema es más profundo: Mendoza no tiene una política hídrica. Tiene una lógica extractiva sin reglas, donde el agua se distribuye según cercanía al poder económico o político, no según criterios de sustentabilidad o justicia social.

¿Qué propone una Mendoza hídrica sustentable?

El plan es sencillo y urgente:

-Impermeabilizar canales (Valle de Uco, Este).
-Recambiar redes troncales de AYSAM, con rendición de gastos.
-Suspender nuevos pozos en acuíferos críticos, hasta auditorías externas.
-Prohibir la expansión extractiva en zonas de recarga o glaciares.
-Crear un fondo hídrico afectado, sin uso cruzado con peajes ni licitaciones truchas.
-El agua no es un negocio, es un derecho humano

Frente a la megasequía, Mendoza tiene dos caminos: gestionar el agua como un bien común o seguir profundizando su entrega a los negocios. El gobierno de Alfredo Cornejo eligió esta última vía: desvió fondos para represas claves para el futuro hídrico de la provincia, repartió pozos a grandes grupos económicos y ahora pretende cobrar peajes sobre rutas financiadas con recursos del agua.

Y como si eso no bastara, buscó legitimarse con el discurso técnico de una empresa como Mekorot, símbolo mundial del modelo donde el agua solo fluye si se puede pagar. Mendoza no necesita parecerse a Tel Aviv, donde los derechos se cotizan en dólares. Necesita garantizar agua segura, equitativa y pública para su gente, sin importar su billetera.

Por eso lo decimos con claridad: no queremos una Mendoza al estilo Mekorot, ni una al servicio de Cornejo. Queremos una provincia que ponga el agua en el centro de la vida, no en el centro del negocio. (SoloRiego)