Jose Casado
El Gobierno de Mendoza ratificó este jueves el convenio para la asignación de recursos para el proyecto “Modernización del Sistema de Riego Rama Chimba – Río Tunuyán Inferior”, una obra destinada a mejorar la eficiencia en el uso del agua para la agricultura en los departamentos de San Martín y Junín.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 2798, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se avala el acuerdo firmado entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación (DGI). La inversión será de 8.276.780 de dólares.
El proyecto será financiado a través del Fondo del Resarcimiento, ante la falta de transferencia de los recursos comprometidos por el Estado Nacional. Según consta en la documentación oficial, el Ministerio de Economía de la Nación aún no giró los fondos previstos para el ejercicio 2025, lo que motivó la instrumentación de este esquema alternativo de financiamiento.
Las obras previstas incluyen el revestimiento de más de ocho kilómetros de canales, la modernización de compuertas y compartos, la construcción de un reservorio con capacidad para 176.000 metros cúbicos y la renovación de estructuras clave del sistema de riego.
Además, el proyecto contempla instancias de capacitación para los productores y acciones de fortalecimiento institucional, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Repago de la obra
De acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente, la iniciativa busca corregir deficiencias estructurales que actualmente limitan la distribución eficiente del agua y afectan la productividad agrícola en la zona. Al 31 de mayo de 2025, la obra registraba un avance físico del 24,39%, con el DGI como organismo ejecutor y contratante.
En cuanto al recupero de los fondos, el convenio establece que el reembolso quedará condicionado a la eventual transferencia de los recursos nacionales comprometidos. En caso de concretarse dichos envíos, la Unidad de Financiamiento Internacional deberá reintegrar al fideicomiso los montos abonados con recursos provinciales.
Asimismo, se prevé un esquema de devolución de los costos de inversión que contempla como mínimo el 60% del total, con plazos de entre 10 y 20 años, según las características del proyecto. (MasRiego)
