El Cigiaa soli­cita des­cen­tra­li­zar la ges­tión del agua ante la crisis hidrica

El Cen­tro de Inves­ti­ga­ción, Desa­rro­llo e Inno­va­ción para la Ges­tión Inte­gral del Agua en el Árido (Cigiaa) dio a cono­cer su 5º Informe Téc­nico de Coyun­tura, un docu­mento de alto impacto para el debate público y polí­tico en San Juan, al poner en evi­den­cia que la cri­sis hídrica que atra­viesa la pro­vin­cia no es sólo cli­má­tica, sino tam­bién ins­ti­tu­cio­nal y nor­ma­tiva.

El informe, titu­lado “Cri­sis hídrica y gober­nanza, la urgen­cia de una nueva ges­tión. Aná­li­sis com­pa­ra­tivo de los mar­cos lega­les de Men­doza y San Juan”, fue ela­bo­rado por el comité cien­tí­fico del Cigiaa, inte­grado por espe­cia­lis­tas del INTA, Conae, INA-CRAS, la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de San Juan y el Gobierno pro­vin­cial.

Una sequía estruc­tu­ral que cam­bió el esce­na­rio
El docu­mento parte de una pre­misa clara: San Juan atra­viesa una esca­sez hídrica estruc­tu­ral desde hace más de una década, que desar­ti­culó el sis­tema tra­di­cio­nal de ges­tión del agua. Ya no se trata de un ciclo natu­ral que pueda rever­tirse en el corto plazo, sino de un nuevo esce­na­rio cli­má­tico que exige una adap­ta­ción inme­diata y pro­funda.

Los sec­to­res más afec­ta­dos son el agrí­cola y el pecua­rio en las cuen­cas medias de los ríos San Juan y Jáchal, donde la sequía redujo la super­fi­cie cul­ti­vada y la pro­duc­ti­vi­dad. En las cuen­cas bajas, el impacto es aún más severo: pér­dida de acti­vi­da­des tra­di­cio­na­les, dete­rioro del sus­tento de comu­ni­da­des rura­les y un fuerte retro­ceso en la cali­dad de vida, con casos para­dig­má­ti­cos como el del sitio Ram­sar Lagu­nas de Gua­na­ca­che, Desa­gua­dero y del Bebe­dero.

Baja efi­cien­cia y un sis­tema atado por la ley
El informe señala que la mayor pro­por­ción del recurso hídrico pro­vin­cial se des­tina a la pro­duc­ción agrí­cola, pero con un dato alar­mante: la efi­cien­cia glo­bal del agua dis­tri­buida por la red de cana­les de riego no supera el 20%. En tér­mi­nos prác­ti­cos, esto implica que la mayor parte del agua se pierde antes de lle­gar al cul­tivo.

Esta ine­fi­cien­cia se explica, en gran medida, por un modelo de ges­tión por oferta, basado en un coe­fi­ciente fijo en el tiempo y el espa­cio para toda la super­fi­cie con dere­cho de riego. El sis­tema no con­tem­pla la super­fi­cie efec­ti­va­mente cul­ti­vada ni las nece­si­da­des rea­les de los cul­ti­vos, gene­rando una bre­cha entre oferta y demanda que explica pér­di­das supe­rio­res al 50% del recurso. Lo más crí­tico, según el Cigiaa, es que esta lógica se encuen­tra ampa­rada por el Código de Aguas de San Juan, que prohíbe la entrega con coe­fi­cien­tes dife­ren­cia­les. Esta rigi­dez nor­ma­tiva con­vierte al marco legal en un ver­da­dero “can­dado para la efi­cien­cia”, ya que el agua se dis­tri­buye de forma arbi­tra­ria, siguiendo cro­no­gra­mas fijos y no la demanda real del sis­tema pro­duc­tivo.

El costo oculto de la cen­tra­li­za­ción
A la baja efi­cien­cia de ges­tión se suma el dete­rioro de la infraes­truc­tura de riego y las limi­ta­cio­nes tec­no­ló­gi­cas en finca, donde el riego por gra­ve­dad —pre­do­mi­nante en San Juan— ape­nas alcanza una efi­cien­cia pro­me­dio del 45%. El resul­tado de este esquema es un uso cre­ciente del agua sub­te­rrá­nea para com­pen­sar las falen­cias del sis­tema super­fi­cial. El informe advierte que el bom­beo exce­sivo del acuí­fero no sólo agota una reserva estra­té­gica para la pro­vin­cia, sino que tam­bién pone en riesgo el abas­te­ci­miento de agua pota­ble. Ade­más, el des­censo de los nive­les freá­ti­cos incre­menta los cos­tos de pro­duc­ción por el mayor con­sumo ener­gé­tico, res­tando com­pe­ti­ti­vi­dad al agro san­jua­nino frente a otras regio­nes.

La sobreex­plo­ta­ción del acuí­fero, iden­ti­fi­cada por el pro­pio Cigiaa en infor­mes ante­rio­res, apa­rece así como una con­se­cuen­cia directa de un sis­tema rígido, cen­tra­li­zado y poco con­fia­ble.

Men­doza y San Juan: dos mode­los opues­tos
Uno de los ejes cen­tra­les del informe es la com­pa­ra­ción entre los mar­cos lega­les de Men­doza y San Juan. El aná­li­sis mues­tra dos mode­los cla­ra­mente opues­tos de gober­nanza del agua.

En Men­doza, la auto­ri­dad hídrica — el Depar­ta­mento Gene­ral de Irri­ga­ción (DGI)— goza de autar­quía cons­ti­tu­cio­nal, inde­pen­den­cia téc­nico-polí­tica y esta­bi­li­dad ins­ti­tu­cio­nal. Sus auto­ri­da­des tie­nen man­da­tos defi­ni­dos y su remo­ción está regu­lada. El núcleo del sis­tema son las Ins­pec­cio­nes de Cauce, orga­nis­mos autár­qui­cos inte­gra­dos por los pro­pios usua­rios, con potes­ta­des admi­nis­tra­ti­vas, finan­cie­ras y juris­dic­cio­na­les.

Este esquema per­mite fle­xi­bi­li­dad, fia­bi­li­dad y equi­dad en la dis­tri­bu­ción del agua, ade­más de una fuerte par­ti­ci­pa­ción de los usua­rios y una alta cul­tura de pago, vin­cu­lada a la per­cep­ción directa del ser­vi­cio reci­bido.

San Juan y la des­cen­tra­li­za­ción limi­tada
En San Juan, en cam­bio, el gobierno del agua recae en el Depar­ta­mento de Hidráu­lica, un orga­nismo depen­diente del Poder Eje­cu­tivo, sin autar­quía real ni man­da­tos defi­ni­dos para su máxima auto­ri­dad. Las Comi­sio­nes de Regan­tes y Jun­tas Depar­ta­men­ta­les fun­cio­nan como orga­nis­mos des­cen­tra­li­za­dos, pero con atri­bu­cio­nes prin­ci­pal­mente con­sul­ti­vas y pro­yec­ti­vas. La potes­tad juris­dic­cio­nal, la apro­ba­ción de pre­su­pues­tos y la admi­nis­tra­ción de los fon­dos per­ma­ne­cen cen­tra­li­za­das, lo que limita la auto­no­mía finan­ciera y debi­lita la par­ti­ci­pa­ción real de los usua­rios. Según el informe, este esquema genera depen­den­cia de sub­si­dios pro­vin­cia­les, baja recau­da­ción y escasa corres­pon­sa­bi­li­dad en el uso del recurso.

Gober­nanza, la clave de la efi­cien­cia
El Cigiaa con­cluye que la efi­cien­cia en la ges­tión del agua en San Juan ya no es una opción téc­nica, sino una urgen­cia de super­vi­ven­cia eco­nó­mica y social. El informe cues­tiona la idea de que la solu­ción ven­drá úni­ca­mente de gran­des obras o de la tec­ni­fi­ca­ción indi­vi­dual, y advierte que “la tec­no­lo­gía sin gober­nanza es esté­ril”. Mien­tras el marco legal san­jua­nino siga pena­li­zando la fle­xi­bi­li­dad y con­cen­trando las deci­sio­nes lejos del usua­rio, la inver­sión pri­vada en riego pre­su­ri­zado sólo ace­le­rará el ago­ta­miento de los acuí­fe­ros. El modelo men­do­cino, en cam­bio, demues­tra que empo­de­rar al usua­rio no debi­lita al Estado, sino que cons­truye un sis­tema resi­liente, capaz de sopor­tar la esca­sez sin colap­sar. (MasRiego)