El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (Cigiaa) dio a conocer su 5º Informe Técnico de Coyuntura, un documento de alto impacto para el debate público y político en San Juan, al poner en evidencia que la crisis hídrica que atraviesa la provincia no es sólo climática, sino también institucional y normativa.
El informe, titulado “Crisis hídrica y gobernanza, la urgencia de una nueva gestión. Análisis comparativo de los marcos legales de Mendoza y San Juan”, fue elaborado por el comité científico del Cigiaa, integrado por especialistas del INTA, Conae, INA-CRAS, la Universidad Nacional de San Juan y el Gobierno provincial.
Una sequía estructural que cambió el escenario
El documento parte de una premisa clara: San Juan atraviesa una escasez hídrica estructural desde hace más de una década, que desarticuló el sistema tradicional de gestión del agua. Ya no se trata de un ciclo natural que pueda revertirse en el corto plazo, sino de un nuevo escenario climático que exige una adaptación inmediata y profunda.
Los sectores más afectados son el agrícola y el pecuario en las cuencas medias de los ríos San Juan y Jáchal, donde la sequía redujo la superficie cultivada y la productividad. En las cuencas bajas, el impacto es aún más severo: pérdida de actividades tradicionales, deterioro del sustento de comunidades rurales y un fuerte retroceso en la calidad de vida, con casos paradigmáticos como el del sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero.
Baja eficiencia y un sistema atado por la ley
El informe señala que la mayor proporción del recurso hídrico provincial se destina a la producción agrícola, pero con un dato alarmante: la eficiencia global del agua distribuida por la red de canales de riego no supera el 20%. En términos prácticos, esto implica que la mayor parte del agua se pierde antes de llegar al cultivo.
Esta ineficiencia se explica, en gran medida, por un modelo de gestión por oferta, basado en un coeficiente fijo en el tiempo y el espacio para toda la superficie con derecho de riego. El sistema no contempla la superficie efectivamente cultivada ni las necesidades reales de los cultivos, generando una brecha entre oferta y demanda que explica pérdidas superiores al 50% del recurso. Lo más crítico, según el Cigiaa, es que esta lógica se encuentra amparada por el Código de Aguas de San Juan, que prohíbe la entrega con coeficientes diferenciales. Esta rigidez normativa convierte al marco legal en un verdadero “candado para la eficiencia”, ya que el agua se distribuye de forma arbitraria, siguiendo cronogramas fijos y no la demanda real del sistema productivo.
El costo oculto de la centralización
A la baja eficiencia de gestión se suma el deterioro de la infraestructura de riego y las limitaciones tecnológicas en finca, donde el riego por gravedad —predominante en San Juan— apenas alcanza una eficiencia promedio del 45%. El resultado de este esquema es un uso creciente del agua subterránea para compensar las falencias del sistema superficial. El informe advierte que el bombeo excesivo del acuífero no sólo agota una reserva estratégica para la provincia, sino que también pone en riesgo el abastecimiento de agua potable. Además, el descenso de los niveles freáticos incrementa los costos de producción por el mayor consumo energético, restando competitividad al agro sanjuanino frente a otras regiones.
La sobreexplotación del acuífero, identificada por el propio Cigiaa en informes anteriores, aparece así como una consecuencia directa de un sistema rígido, centralizado y poco confiable.
Mendoza y San Juan: dos modelos opuestos
Uno de los ejes centrales del informe es la comparación entre los marcos legales de Mendoza y San Juan. El análisis muestra dos modelos claramente opuestos de gobernanza del agua.
En Mendoza, la autoridad hídrica — el Departamento General de Irrigación (DGI)— goza de autarquía constitucional, independencia técnico-política y estabilidad institucional. Sus autoridades tienen mandatos definidos y su remoción está regulada. El núcleo del sistema son las Inspecciones de Cauce, organismos autárquicos integrados por los propios usuarios, con potestades administrativas, financieras y jurisdiccionales.
Este esquema permite flexibilidad, fiabilidad y equidad en la distribución del agua, además de una fuerte participación de los usuarios y una alta cultura de pago, vinculada a la percepción directa del servicio recibido.
San Juan y la descentralización limitada
En San Juan, en cambio, el gobierno del agua recae en el Departamento de Hidráulica, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, sin autarquía real ni mandatos definidos para su máxima autoridad. Las Comisiones de Regantes y Juntas Departamentales funcionan como organismos descentralizados, pero con atribuciones principalmente consultivas y proyectivas. La potestad jurisdiccional, la aprobación de presupuestos y la administración de los fondos permanecen centralizadas, lo que limita la autonomía financiera y debilita la participación real de los usuarios. Según el informe, este esquema genera dependencia de subsidios provinciales, baja recaudación y escasa corresponsabilidad en el uso del recurso.
Gobernanza, la clave de la eficiencia
El Cigiaa concluye que la eficiencia en la gestión del agua en San Juan ya no es una opción técnica, sino una urgencia de supervivencia económica y social. El informe cuestiona la idea de que la solución vendrá únicamente de grandes obras o de la tecnificación individual, y advierte que “la tecnología sin gobernanza es estéril”. Mientras el marco legal sanjuanino siga penalizando la flexibilidad y concentrando las decisiones lejos del usuario, la inversión privada en riego presurizado sólo acelerará el agotamiento de los acuíferos. El modelo mendocino, en cambio, demuestra que empoderar al usuario no debilita al Estado, sino que construye un sistema resiliente, capaz de soportar la escasez sin colapsar. (MasRiego)
